¿Qué es la Ley Fintech y por qué fue necesaria su creación?

Ante el avance de la innovación tecnológica y la aparición de nuevos jugadores fuera del sistema financiero tradicional, se hizo patente la necesidad de crear una nueva regulación para las plataformas en línea
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El sistema financiero tradicional está compuesto por instituciones bien conocidas por todos, como los bancos, las casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión y otras empresas que otorgan créditos y préstamos. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la masificación del internet, nuevos jugadores han aparecido en la competencia por el mercado financiero mundial y, por ende, nuevas normativas han sido necesarias para regularlas. Aquí te queremos contar sobre las llamadas Instituciones de Tecnología Financiera y la Ley Fintech, que busca regularlas.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Ley para Regular las Insituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech está encaminada a otorgar un marco normativo para dos tipos de instituciones: las de Financiamiento Colectivo y las de Fondos de Pago Electrónico.

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“Se refiere a aquellas instituciones (personas morales autorizadas por la CNBV) que lleven a cabo actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante las operaciones de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad o regalías, realizadas de manera habitual y profesional, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital”, dice el citado texto sobre las Instituciones de Financiamiento Colectivo.

Y además, así describe a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico: “Se refiere a aquellas instituciones (personas morales autorizadas por la CNBV) que realicen servicios con el público de manera habitual y profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, por medio de los actos señalados en el artículo 22 de la Ley, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital”.

Pero, ¿por qué fue necesario crear esta ley? Las tecnologías asociadas a los servicios financieros estaban avanzando muy rápido. En México aparecieron plataformas que ofrecían servicios financieros en línea, y estaban operando sin la vigilancia de los organismos encargados de hacerlo en el país, como la Condusef o la CNBV. Esta falta de regulación ponía en riesgo a los usuarios, pues, de presentarse irregularidades o malas prácticas, no había forma de acudir a las instancias correspondientes para recibir asistencia.

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Además, también se corría el riesgo de que estas plataformas fueran vehículo del lavado de dinero, siempre que no hubiera procesos de identificación de sus clientes y de la procedencia de sus recursos. Para eso se creo la Ley Fintech, la cual fue expedida el 9 de marzo del 2018. Una vez publicada esta ley, las empresas Fintech que quisieran seguir operando en México tendría que presentar su solicitud ante la CNBV.

El 25 de septiembre del año pasado fue la fecha límite para que todas estas plataformas pudieran ser reconocidas dentro de la ley mexicana, y así darles certidumbre a los usuarios de que se apegaban a las mismas reglas que las instituciones financieras tradicionales.

Muchas empresas de este tipo emitieron sus solicitudes para seguir operando. Entre ellas, hacen un mercado amplio de productos y servicios financieros, cuya principal característica es que operan primordialmente en línea: plataformas de Crowdfunding, de préstamos en línea, sistemas de pagos, compra y venta de activos (ya sea digitales, como las criptomonedas o acciones en bolsa), entre otras.

Además, la Ley Fintech se encarga de supervisar que las transacciones realizadas por o a través de estas plataformas sigan los lineamientos del Banco de México (Banxico), tales como operar sólo con moneda nacional u otras divisas autorizadas. Y en el caso de las plataformas de prestámo y crédito, les exige que, antes de otorgar estos servicios a sus usuarios, ejecuten un análisis de riesgo del solicitante en Buró de crédito.