¿Por qué es mala idea que las Afores sean administradas por el Estado?

El sistema de pensiones en México ya fue una vez administrado por el Estado, ¿Por qué se pasó a mano de privados?
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Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son el instrumento con el que, a partir de 1997, se decidió que México se hiciera cargo del sistema de pensiones de los trabajadores. Antes de esa fecha, las pensiones eran administradas por el Estado, a través del IMSS y el ISSSTE. Entonces, ¿por qué se dio este cambio y por qué se considera mala idea que las pensiones sean administradas por el Estado?

Una breve historia del sistema de pensiones en México

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Las Afores se crearon como instituciones financieras privadas para administrar los fondos para el retiro de cada trabajador en lo individual. Si bien son entidades privadas, están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). ‘Individual’ significa que los fondos que un trabajador ahorre, serán los que la Afore administrará. ¿Por qué eso es relevante?

En el famoso sistema de pensión de la Ley del Seguro Social antes de la reforma de 1997 – que dio origen a las Afores -, el ahorro no era tratado de forma individual, sino colectiva. Eso quería decir que todos los trabajadores que cotizaban en el IMSS o en el ISSSTE depositaban sus ahorros en una bolsa conjunta. Y esa bolsa era administrada de manera integral, para luego ser repartida entre los jubilados.

Esto también significaba que sólo las personas que cotizaban en el IMSS podían acceder a una pensión; es decir, sólo aquellas personas que tuvieran un empleo formal. Con las Afores, en cambio, al tratarse de la administración de cuentas individuales, y al permitir la aportación voluntaria desde 2013, entonces cualquier clase de trabajador, formal e informal puede acceder a esta herramienta financiera.

Además, este cambio resultó necesario, porque antes la pensión se distribuía de acuerdo a los requisitos que cada trabajador cumplía para cuando llegara su jubilación. Entonces, siempre existía la posibilidad de que se recibiera más de lo que realmente hubiera ahorrado, desplazando la carga financiera a las generaciones siguientes. Era un sistema inviable a largo plazo para las finanzas públicas del país.

El Estado y las pensiones

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Los fondos de las Afores representan un 20% del PIB en México, más o menos eso equivale a casi 4 billones de pesos. Esa cantidad de dinero puede despertar tentaciones en los gobernantes. Pensémoslo así, si el negocio de una entidad privada es el de invertir los ahorros de los trabajadores (y el suyo propio) para así generar réditos para ambos, entonces existe un incentivo para destinar esos fondos a inversiones inteligentes, porque si el trabajador gana, la entidad gana, y viceversa.

En cambio, una entidad pública no necesariamente tendría el mismo incentivo, pues no representa un negocio para ella y no estaría arriesgando capital propio. Si el trabajador gana o pierda, realmente no afectaría a la institución pública (económicamente hablando). En ese sentido, no hay un incentivo más sólido para hacer inversiones inteligentes. Por el contrario, habría más razones políticas de peso para usar esos recursos para financiar los proyectos políticos prometidos en una campaña, por ejemplo.

Por eso se considera que es una mala idea que el Estado administre los recursos para el retiro de los trabajadores. Tal y como lo señala Antonio Sandoval en su columna de Alto nivel, los gobiernos siempre van a priorizar sus gastos en los objetivos que ellos mismos han definido políticamente con anticipación. En ese sentido, no hay razón para pensar que una entidad pública demuestre ser mejor administradora de las pensiones que las empresas privadas. Y no sólo por el peligro de la corrupción, sino porque el trabajador se quedaría sin la opción de decidir entre alternativas de dónde depositar de sus recursos.

Hoy en día, si uno considera que la Afore en las que están nuestros ahorros no es la más conveniente, se puede cambiar a otra. En un sistema estatizado de pensiones no sería así. Y eso sin considerar otras variables, como cuáles serían las credenciales de quienes manejarían estos recursos desde el Estado, frente a las Afores, entendidas como instituciones privadas dedicadas al mundo financiero.