El nuevo conflicto energético entre AMLO y la IP

A raíz de la publicación de una nueva política para el Sistema Eléctrico Nacional, se ha generado una nueva disputa entre la Iniciativa privada y el gobierno de AMLO
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En días recientes, se abrió un nuevo conflicto energético entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada. En específico, alrededor del tema de la generación de electricidad. Sin embargo, esta disputa resuena muy similar a la sucedida el año pasado en torno a la construcción de unos gasoductos en el país, en la cual, también estuvo involucrada la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¿Cómo entender este nuevo conflicto energético entre AMLO y la Iniciativa Privada?

Nueva política en electricidad

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Empecemos por el principio. El viernes de la semana pasada, la Secretaría de Energía público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) unos nuevos lineamientos en materia eléctrica, denominados ‘Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional’. El argumento para hacer este cambio es que hay un desbalance entre la cantidad de energía eléctrica que se genera y la demanda en el mercado. Especialmente en la actualidad, a causa del confinamiento al que ha obligado la epidemia de Covid-19.

“Eso compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud durante la emergencia”, explicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con información de El Financiero, la dirección del DOF ya había negado la publicación de esta nueva política, porque se había pasado por alto la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), con el cual se debían de demostrar los efectos de las nuevas medidas para el sector eléctrico. Sin embargo, la Sener pidió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que la nueva política fuera exenta de dicho requisito, usando como argumento la premura que imponía la emergencia sanitaria.

Entre otras cosas, el nuevo decreto establece cambios en los lineamientos sobre la distribución de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con los que se limita la capacidad de distribución de las energías renovables y se le da mayor prioridad a las centrales eléctricas que usan combustibles fósiles. Según la Secretaría de Energía, la contingencia sanitaria que vivimos en la actualidad exige darle mayor confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional, algo que no pueden asegurar las centrales de energías renovables, pues no pueden dar un abasto continuo, ya que son muy intermitentes, argumenta esta dependencia.

¿Por qué apostar por la energía sucia?

La pregunta natural que resulta en este contexto es: ¿por qué el gobierno de México le daría un espaldarazo a la política de la transición energética – que además implica generar energía eléctrica más barata, limpia y renovable – para seguir favoreciendo la producción de electricidad por medio de combustibles fósiles?

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Una de las razones puede encontrarse en la idea ampliamente difundida por el gobierno de la Cuarta Transformación, la cual se incluye inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo de todo el sexenio: la soberanía energética. ¿Qué significa esto? Explicado de forma sencilla es que el Estado mexicano pueda asegurar por sí mismo el suministro de enérgeticos que necesita el país; que la satisfacción de la demanda de energéticos no dependa de agentes externos al Estado.

Por ese motivo, el gobierno de López Obrador ha puesto una gran parte de su empeño en fortalecer a CFE y Pemex. En su programa de gobierno, el desarrollo del país implica avanzar hacia la satisfacción de la soberanía energética; haciendo más fuerte al Estado. Es casi como si la generación y distribución de energéticos se vieran como bienes públicos, que tienen que estar lejos de privados y cerca de la rectoría del Estado.

Una segunda razón es que darle prioridad a la generación de electricidad a través de combustibles fósiles hace coherencia con la política energética que ha ido empujando el gobierno de AMLO. Más para los tiempos actuales, donde los precios de los combustibles han sufrido grandes golpes en el mercado, debido a la estrepitosa caída en su demanda.

Al dar este giro en la política de la generación eléctrica, el gobierno del presidente articula más estrechamente la relación entre Pemex y CFE, pues no sólo a Pemex le sobra una gran cantidad de combustible que puede usarse para generar electricidad, sino también uno de los productos de la refinación de gasolinas es precisamente lo que usan las plantas eléctricas para producir electricidad: el combustóleo. Y sabemos que uno de los grandes proyectos de infraestructura de AMLO es precisamente una nueva refinería.

Con todo, habrá que ver en qué termina esta nueva disputa. Mientras tanto, ya se dejó ver la respuesta de algunos actores de la iniciativa privada que verían afectadas directamente sus inversiones con este nuevo rumbo en materia energética.