Como parte del Paquete Económico 2022 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), envió al Senado en septiembre pasado, se plantean ciertas modificaciones a la Ley para que el SAT solicite cárcel a los contadores que no denuncien a los contribuyentes que comentan delitos fiscales.
En riesgo los contadores que no delaten a contribuyentes
Como un llamado al gremio de contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Público (IMPC), emitió un comunicado donde se plantean riesgos para los contadores en caso de aprobarse las reformas al Código Fiscal de la Federación.
El temor surge de la propuesta para modificar el artículo 52 de este código, pues establece como obligación del contador público notificar a las autoridades fiscales como el SAT (Servicio de Administración Tributaria), cualquier acto que realicen los contribuyentes con el fin de incumplir sus obligaciones fiscales.
Pues de hacer caso omiso, encubrir y no delatar a contribuyentes serán sancionados con hasta nueve años de prisión cuando el monto defraudado supere los $2 millones 898 mil pesos. Sin embargo, en caso de que los recursos sean de procedencia ilícita, las penas pueden alcanzar los 15 años de prisión.
Por este motivo, la IMPC indica que se delega la obligación que tienen los auditores a los contadores, sin tener las herramientas técnicas para llevar a cabo dichas investigaciones que puedan dar certeza que exista incumplimiento de los contribuyentes, siendo ellos los responsables de dichos actos ilícitos.
Finalmente, se menciona que se corre el riesgo de que el contador público pierda imparcialidad e independencia para llevar a cabo un dictamen fiscal, pues se asumen tareas ajenas a su profesión, pues no se está calificado como perito aduanero, cuestión que no garantiza que se detecten casos de defraudación o evasión fiscal.
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