¿De qué va la llamada Ley Contra La Propiedad Privada?

Se ha señalado que los nuevos cambios que propone la iniciativa propuesta por unas diputadas de Morena vulnerararía a los dueños de propiedades en renta #LeyContraLaPropiedadPrivada
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En días recientes ha causado furor una iniciativa de ley de dos diputadas de Morena del Congreso de la Ciudad de México, Vanessa Bartres y Martha Ávila Ventura. Ha sido tan polémica al grado de que se le ha llamado #LeyContraLaPropiedadPrivada en redes. Pero, ¿de qué trata esta iniciativa de ley y por qué se dice que atenta con la propiedad privada?

De acuerdo con la iniciativa, la cual fue presentada el pasado 8 de julio, se buscan modificar algunos artículos del Código Civil de la Ciudad de México que están asociados al arrendamiento, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda en el contexto de la crisis sanitaria que actualmente vivimos. No obstante, la polémica para los opositores a la iniciativa surge porque algunos de estos cambios afectarían a la propiedad privada, señalan.

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“Al igual que en otras partes del mundo, la actual pandemia tiene ya en la Ciudad de México consecuencias negativas en materia de vivienda para muchas familias y personas que arriendan una. Esto se debe, principalmente, a la pérdida de empleo, reducción de salario, y a que la economía de millones de personas está afectada por la inactividad comercial, generando muchos casos de moratorias en el pago de rentas que pudieran derivar en desplazamiento de familias con arraigo en los barrios, pueblos y colonias, ruptura del tejido social y redes solidarias y de confianza, desalojos y, en casos extremos, situación de calle”, explica el motivo de la citada iniciativa.

Entre otras cosas, esta iniciativa de ley impedirá que los caceros de la Ciudad de México desalojen a los ocupantes de sus viviendas, siempre que se omita un contrato escrito de arrendamiento, incluso en los casos en que la persona que renta incumpla con el pago de su renta. Asimismo, la propuesta también señala que el arrendador no podrá quedarse con el depósito de la renta cuando el arrendatario haga una recisión anticipada del contrato de arrendamiento.

Además, la iniciativa también busca flexibilizar las condiciones para el arriendo de las viviendas. Entre otras cosas, plantea que el arrendamiento no puede ser de un periodo menor a 3 años, que los arrendatarios tienen derecho a que no se les exija más de un mes de anticipio de renta y a que tampoco se les solicite garantías en dinero o con algún otro tipo de propiedad. Asimismo, no podrán ser desalojados de manera forzada, arbitraria e ilegal y en caso de que haya un ordenamiento judicial de desalojo, deberá de existir una notificación previa con dos meses de anticipación.

“En caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, indica la iniciativa para casos extraordinarios como el actual.

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Los defensores de la iniciativa señalan que es promovida por asociaciones y activistas del derecho a la vivienda, quienes le solicitaron a las diputadas presentar la propuesta en el congreso local. Con esta buscan generar certeza de vivienda para casos de emergencia, como el actual, pero también para casos donde, a falta de contrato escrito, haya áreas de oportunidad para la arbitrariedad del cacero. Esto buscaría que las relaciones de arrendamiento estén cada vez más motivadas a mediarse por contratos formales.

Sin embargo, algunos de los riesgos que se han señalado es que, al impedir el desalojo cuando no hay un contrato formal de por medio, se vulnera al dueño de la propiedad en caso de invasión a su inmueble. Además, si no hubiera un contrato escrito, muchos arrendadores se pondrían en riesgo de no recibir renta hasta por 3 años – dado el nuevo periodo mínimo de renta que se propone – sin nada que puedan hacer para desalojar al inquilino. Los críticos de la iniciativa explican que estos cambios podrían incidir en el incentivo a invertir en bienes raíces, pues supondrían desventajas al acreedor de un inmueble en caso de que quisiera ponerla en renta.

Independientemente de los defensores y los críticos de la iniciativa, algo que quedaría por verse serían sus efectos en el mercado inmobiliario, pues tal y como está la propuesta podría provocar una paradoja: queriendo fortalecer los derechos a la vivienda en el terreno formal-legal, se generaría en el mercado una reducción en la disponibilidad de vivienda, no sólo porque habría menos incentivo a rentar sin contrato las propiedades, sino también porque aumentaría la percepción de riesgo de hacerlo y eso muy seguramente elevaría los costos de la renta en la ciudad.