¿Cuáles son las implicaciones de la reforma a la Ley de Presupuesto que propone AMLO?

Ante la propuesta del presidente de modificar la Ley de Prespuesto en caso de emergencia económica, hay algunas implicaciones que hay considerar si se aprobara el cambio.
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Ante la emergencia sanitaria y económica que azota al país – y al mundo -, en días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual será analizada por la Cámara de Diputados, aunque ya presentó a sus primeros disidentes. En ella, se busca que el poder Ejecutivo pueda realizar reasignaciones en el presupuesto en tiempos de emergencias económicas. En la actualidad, la facultad para modificar el presupuesto sólo la tiene la Cámara de Diputados. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta modificación a la ley del presupuesto?

Presupuesto de la federación

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Una de las razones por las que existe la separación de poderes en el Gobierno de un país es para generar contrapesos en el ejercicio de la autoridad. Entre los asuntos públicos donde los contrapesos son fundamentales es en el gasto. En este caso, el presupuesto del Gobierno no sólo es aprobado por la Cámara de Diputados, sino también vigila que su ejercicio sea conforme a lo deliberado, siguiendo exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo menos es lo que se establece en la Ley, porque, tal y como lo señala Luis Carlos Ugalde en su columna de El Financiero, estas funciones pueden no ser satisfechas en la práctica por omisión, falta de interés o de capacidad. Sin embargo, eso no mo modifica el hecho de que, por Ley, la Cámara de Diputados tiene esta labor. Sin embargo, con la propuesta de reforma del presidente López Obrador, se cedería una parte de esa facultad.

La iniciativa es muy clara, se busca que en tiempos de emergencias el poder ejecutivo tenga discrecionalidad en el ejercicio fiscal, si durante ese periodo el país se enfrenta a una emergencia económica. Eso significaría que el presidente, por decisión propia, podría reasignar partes del presupuesto para “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias”, definidos por su propio gobierno.

De ser aprobada la reforma, esto implicaría una renuncia a muchos de los mecanismos de contrapeso en el ejercicio del gasto público, pues la reasignación de recursos en tiempos de emergencia no necesariamente tendría que seguir protocolos de transparencia, reglas de operación, rendición de cuentas, entre otros. Se apelaría a la arbitrariedad del poder ejecutivo, pues ya no requeriría la autorización del poder legislativo.

Dinero, monedas

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Hay una implicación añadida, porque, más allá de la arbitrariedad en el uso del presupuesto en tiempos de emergencia económica, también existe la vaguedad sobre qué definiría a una emergencia económica, cuándo se activa este protocolo y por qué. Esto sería algo parecido a la declaratoria de emergencia nacional que hizo el presidente Donald Trump el año pasado, con el fin de justificar la construccción del muro en la frontera con México. En esos casos, el presidente convoca poderes especiales, aunque sea debatible la justificación de esa convocatoria.

Más allá de las virtudes o vicios que pueda tener particularmente el presidente López Obrador, hacer esta modificación implicaría establecer un antecedente a un orden constitucional distinto, que podría generar dinámicas negativas en las manos equivocadas, pues un presidente podría hacer la declaratoria de emergencia para castigar a través del presupuesto a otros poderes de la Unión o inclusive a otros órganos autónomos – como el INE, por ejemplo.

Con todo, más allá de la especulación sobre las virtudes o vicios de presidentes hipotéticos, la mera posibilidad de darle apertura a la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público – aunque sea en condiciones de “emergencia” (sin saber bien bajo qué condiciones esto se activaría) -, genera preocupaciones que valen la pena considerar antes de ser aprobada esta reforma.

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