¿La concesión del puerto de Veracruz es administrada por el estado o por particulares?

La mayor parte de los puertos de México están a cargo de la administración de concesionarios paraestatales, ¿qué significa esto?
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En estos días, adquirió mucha resonancia pública la noticia de que el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, le quiere quitar una concesión de 100 años al puerto de Veracruz porque asegura que está administrada por particulares. Causó mucha polémica, porque la empresa concesionaria es una paraestatal de su propio gobierno; es decir, los directivos son funcionarios públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por eso queremos contarte qué es una empresa paraestatal y qué tienen que ver con la administración de los puertos del país.

Empecemos por lo más básico. Una empresa paraestatal es aquel tipo de empresa que para todos fines le pertenece al Estado. Esto quiere decir que es de iniciativa pública. Más allá de esta cualidad, las empresas paraestatales pueden ser más o menos autónomas, más o menos descentralizadas, de la administración pública federal. Generalmente, se constituyen a partir de consejos de administración autónomos donde pueden participar diferentes dependencias del gobierno, a partir de reglas de operación y fines muy claros y específicos.

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Sin embargo, por más autonomía que este tipo de empresas tenga, en última instancia están sujetas al control del poder ejecutivo. Los ejemplos más emblemáticos en México son los casos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos consejos de administración están compuestos por los secretarios de Energía y Hacienda.

Pues bien, algo parecido sucede con los puertos de todo el país – con excepción del de Acapulco – incluido el puerto de Veracruz, al cual AMLO le quiere quitar la concesión. De acuerdo con la Ley de Puertos, “todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como con las demás actividades conexas a estos, estará sujeto a la competencia de los poderes federales”.

Sin embargo, aun cuando el Estado es, por así decirlo, dueño de los puertos de la nación, la administración de cada puerto en específico puede ser concesionado a diferentes administraciones portuarias. Éstas se denominan Adminitración Portuaria Integral (APIs).

“Una Administración Portuaria Integral (API) surge cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomiendan en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. Una API es autónoma en su gestión operativa y financiera, por lo que sus órganos de gobierno establecen sus políticas y normas internas.”, se puede leer en la descripción oficial del Gobierno de este tipo de concesionarios.

A este tipo de entidad es a la que AMLO se refería en su acusación reciente. Para él, era un abuso que a una empresa se le hubiera dado una concesión de 100 años por un bien que a todo derecho le pertenece a la nación. Sin embargo, la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V. (APIVER), quien se desempeña como concesionaria del puerto de Veracruz y a quien AMLO señalaba, es una paraestatal; es decir, en última instancia le pertenece al propio Estado mexicano, y depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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“La APIVER adquirió facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos, por medio de concursos públicos y contratos en base a lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras disposiciones de orden normativo”, dice la breve historia de esta empresa estatal.

Más allá del debate sobre si las APIs son concesionarias públicas o privadas, todas ellas tienen que regirse bajo las directrices de un Programa Maestro de Desarrollo Portuario, el cual delimita las características de operación de las diferentes zonas del puerto administrado, así como las medidas para hacer una explotación eficientes de estos espacios. Este programa maestro también es regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“El Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las modificaciones sustanciales a éste serán elaborados por el administrador portuario y autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con base en las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional. La SCT, con vista en el interés público, podrá modificar los usos, destinos y modos de operación previstos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario respecto de las diferentes zonas del puerto o grupo de ellos o terminales aún no utilizadas. Si dichas modificaciones causaren algún daño o perjuicio comprobable al concesionario, éste será indemnizado debidamente.”, dice la descripción sobre las APIs.