Aprueban en el Senado que defraudación fiscal sea delincuencia organizada

Esta semana, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó la reforma a las leyes para estipular que la defraudación fiscal sea delincuencia organizada; es decir,...
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Esta semana, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó la reforma a las leyes para estipular que la defraudación fiscal sea delincuencia organizada; es decir, que ameritará prisión preventiva de oficio. La aprobación se presenta con la abstención de la bancada del PAN.

La reforma a esta ley llega después de haber sido aprobada con antelación por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el paquete de cambios a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, entre otras.

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La nueva reforma estipula que cuando un grupo conformado de tres o más personas se organice de forma reiterada para cometer delitos tales como el contrabando o defraudación fiscal será sancionado como si fuera crimen organizado. La única condicionante es que el monto de lo defraudado sea mayor a 7 millones 804 mil 230 pesos.

El mismo tipo de castigo será impuesto a aquellas personas que expidan comprobantes fiscales falsos. Esto es: que quieran amparar operaciones inexistentes, falsas o simulaciones jurídicas.

“(Se considerarán) amenazas a la seguridad nacional (los) actos ilícitos en contra del fisco”, establece la reforma al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Además se agrega: “Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos”, además de su sanción de 3 a 6 años de prisión.

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Para los delitos de defraudación fiscal, así como para otros delitos fiscales y financieros – como el lavado de dinero -, se establece la necesidad de que la Secretaría de Hacienda participe en los litigios. Incluso si hay una combinación de delitos fiscales, podrán perseguirse de manera simultánea.

“Lo que motiva estas reformas es la voracidad recaudatoria y lo que le urge (al gobierno federal) es allegarse de recursos públicos ante el reporte de que, en julio, hubo una franca caída del ingreso nacional de más de 19% de los ingresos presupuestarios; de más de 10% en el ISR y de 8% en IVA, respecto a los del año pasado. En el afán de perseguir esa cifra mítica de 500,000 millones de pesos de la corrupción, con el argumento de que México no está recaudando 354,000 millones por causa de la evasión fiscal, de las factureras y de las outsorceras, está proponiendo reformas que son inconstitucionales y que, como muchas otras decisiones de este gobierno, serán revertidas a través del amparo”, sentenció Minerva Hernández, Senadora del PAN.

Con información de El Economista